En un hecho sin precedentes, cuatro Procuradores judiciales en Asuntos Administrativos le exigieron explicaciones a la Ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez Camacho, y a la presidenta de Findeter, Sandra Gómez Arias, sobre la inexplicable parálisis de las obras de la segunda fase de construcción del Museo de Arte Moderno de Barranquilla (Mambaq), proyecto en el que se encuentran comprometidos recursos públicos por el orden de los 11.874 millones 528 mil 935 pesos.

La posición de los agentes del Ministerio Público está consignada en la reclamación que presentaron, conjuntamente, “como requisito de procedibilidad de la demanda de acción popular en el evento de no acceder a lo que a continuación se les solicita, cual es que se sirvan, de manera inmediata, adoptar y ejecutar inmediatamente las medidas que sean necesarias para la protección de los intereses colectivos como la defensa del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural de la Nación, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, los derechos de los consumidores y usuarios, igualmente los derechos e intereses colectivos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombia, entre otros, vulnerados por no haberse ejecutado la segunda fase del proyecto denominado ‘Construcción del Museo de Arte Moderno de Barranquilla -Mambaq-’”.

La acción fue interpuesta por los Procuradores judiciales Jaime Alejandro Díaz Vargas, Welfrand de Jesús Mendoza Osorio, Javier Francisco Lizcano Rivas y Juan Antonio Spirko Payares, tras considerar los compromisos establecidos por la Nación - Ministerio de Cultura, por medio de Findeter, a través del contrato interadministrativo No. 2808-2014 del 23 de diciembre de 2014 y este mediante el convenio de asociación No. 013 del 13 de mayo de 2015, celebrado con la Corporación Parque Cultural del Caribe (CPCC), que financió en cuantía de $11.874.528.935.

Según el convenio, la citada Corporación se comprometió con la Nación a ejecutar el proyecto como también la puesta en marcha de la segunda etapa como un complejo cultural integrado, para integrar el Museo del Caribe y el Museo de Arte Moderno de Barranquilla “para generar un espacio que contribuya al rescate y a la preservación de los valores y del patrimonio artístico, artesanal, histórico y antropológico de la Región Caribe y le permita a sus habitantes fortalecer su identidad cultural”.

La preocupación de la Procuraduría General de la Nación radica en que, muy a pesar de que tanto el contrato interadministrativo No. 2808-2014 del 23 de diciembre de 2014 y éste mediante el convenio de asociación No. 013 del 13 de mayo de 2015, finalizaron simultáneamente el 15 de diciembre de 2017, a la fecha de radicación de reclamación, la CPCC no ha dado cumplimiento a sus obligaciones contractuales relativas a la realización de los acabados, dotación, montaje de equipos y mobiliario del Mambaq (de acuerdo con la cláusula 3-6 del convenio de asociación) y, por ende, “no ha sido posible hasta hoy poner en funcionamiento y servicio a la comunidad del Mambaq, en perjuicio de la satisfacción del interés general y del cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”.

Actualmente el proyecto se encuentra paralizado pese a que durante la firma del convenio (mayo de 2015) el Ministerio de Cultura y el entonces presidente de Findeter, Luis Fernando Arboleda, anunciaron que las obras iniciarían en dos meses (julio de 2015) y tendrían un tiempo de ejecución de 8 meses (marzo de 2016).

Pero han transcurrido 3 años y 8 meses del plazo prometido y el citado ‘Museo’ hoy está convertido, prácticamente, en un ‘elefante blanco’.

Dentro del hermetismo que rodea la información sobre la inversión de recursos públicos en el sector privado, dirigido desde la Cámara de Comercio de Barranquilla, como escudera del proyecto, lo que ha trascendido es que pese a los multimillonarios aportes oficiales recibidos, la Corporación Parque Cultural del Caribe, encargada de la ejecución, no ha podido justificar el cierre financiero.

Como consecuencia de ello, las obras están paralizadas y sin la posibilidad de recibir nuevos recursos.

Esto, entre otras razones, porque la Corporación deberá justificar la adjudicación de contratos que superan el monto de los recursos asignados y disponibles para las obras. Una práctica similar a la que el mismo sector privado cuestiona del público.

Por ello, los Procuradores también requirieron a María Eulalia Arteta Manrique en su condición de representante de la Corporación, como directa responsable del proyecto, para que entregue las explicaciones del caso. 

Todo ello da pie para múltiples interrogantes en torno a la ejecución de un proyecto cultural que hoy tiene más dudas que ejecuciones.

Y con bastante responsabilidad del sector gremial de Barranquilla y el Atlántico con lo que hoy es un 'museo de la desidia'.